- La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le pide a la AFIP que derogue el anticipo del impuesto a las Ganancias al considerarlo perjudicial para las empresas y posiblemente inconstitucional.
- La medida, que requiere el pago anticipado del tributo, afectará a 190 agentes económicos que tuvieron una rentabilidad superior a $600 millones en 2022, incluyendo a las PyMEs.
- La CAC argumenta que esta iniciativa pone la carga del ajuste económico en el sector privado y altera la legislación presupuestaria, sin considerar la capacidad contributiva y el derecho de propiedad de las empresas.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ha exigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que derogue el anticipo del impuesto a las Ganancias, ya que considera que afectará negativamente a las empresas y que es «eventualmente inconstitucional».
La Resolución General N° 5.391 estableció que las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y otros sujetos de capital deben pagar anticipadamente este tributo en tres cuotas mensuales y consecutivas. Según estimaciones oficiales, esta medida afectará a 190 agentes económicos que tuvieron una rentabilidad superior a $600 millones en 2022.
Crítica de la CAC al anticipo de Ganancias
En este contexto, la CAC ha enviado una nota al titular del ente recaudatorio, Carlos Castagneto, donde afirma que la iniciativa impositiva no se limita a un pequeño grupo de grandes empresas, «sino que también afectará a numerosas firmas, incluyendo a las PyMEs, en un contexto económico financiero especialmente complicado».
Además, la entidad plantea que la normativa no tiene en cuenta «la capacidad contributiva de las empresas, convirtiéndolo en un exceso de las facultades que la ley otorga a la AFIP, ya que deja de ser un anticipo del tributo a pagar por ejercicio para convertirse en un préstamo forzoso y gratuito».
«Esta situación podría ser considerada inconstitucional debido a la violación de los principios de capacidad contributiva, derecho de propiedad y de razonabilidad que requiere la Constitución Nacional en toda norma tributaria. Además, supone la utilización de recursos propios de ejercicios futuros, alterando en la práctica la legislación presupuestaria», agrega el texto.
Desde la perspectiva de la CAC, con esta decisión de adelantar el pago de Ganancias, «se sigue cargando la totalidad del ajuste económico nacional en el sector privado, a través de un préstamo virtual gratuito para ciertos contribuyentes, lo que disminuirá su capacidad de producción, inversión y empleo».
«Todo esto se agrava por la imprevisibilidad de la modificación, sin tener en cuenta que las empresas planifican su actividad y su flujo de fondos, que se ven drásticamente alterados por la obligación de realizar el anticipo adicional», concluye el comunicado.
Asimismo, desde la Cámara de Comercio señalan que esta medida representa «una nueva carga fiscal para los contribuyentes que forman parte del sector formal, sin buscar reducir la informalidad, disminuir el gasto público y aliviar la enorme presión fiscal sobre aquellos que cumplen con sus obligaciones contributivas».