- Las centrales empresariales más poderosas del país reprochan al Gobierno medidas que incrementan la presión tributaria y limitan el acceso a insumos necesarios para la industria, lo que afectará la actividad y generará pérdida de competitividad.
- Los industriales se quejan de la falta de consulta y la falta de tacto del precandidato oficialista, Sergio Massa, respecto a las nuevas medidas.
- Los empresarios advierten sobre el traslado a precios de los nuevos costos y la falta de claridad en la normativa, así como sobre la posibilidad de una devaluación encubierta y una mayor presión impositiva, lo que generará un panorama económico y social complicado.
El círculo rojo expresó su descontento hacia el «plan llegar» que, según alegan, el ministro de Sergio Massa implementó como estrategia electoral para controlar las «distorsiones» macroeconómicas y establecer un vínculo entre las dificultades actuales y las próximas elecciones primarias, generales y, en última instancia, el balotaje. A pesar de mantener constantes conversaciones con el candidato oficialista, las principales asociaciones empresariales del país criticaron el aumento de la carga tributaria impuesta por el Ministerio de Economía a través de la subida de precios de las importaciones e incentivos para ciertos sectores económicos. Estas medidas fueron señaladas como inconstitucionales, dejando la posibilidad de judicialización de las mismas.
La Unión Industrial Argentina (UIA), dirigida por Daniel Funes de Rioja, quien también preside la Cámara de la Industria Alimenticia (Copal), afirmó que «las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional afectan negativamente la producción y limitan aún más el acceso a los insumos necesarios para la industria». Además, advirtieron que «afectarán la actividad, especialmente a las pymes, al aumentar la presión fiscal sobre el sector productivo, incrementar los costos y afectar la competitividad en la exportación». La central fabril criticó fuertemente el sesgo antiexportador y las distorsiones de precios que estas medidas generan en las cadenas de valor.
Los industriales, quienes mantienen una comunicación diaria con los funcionarios de Economía respecto a los permisos de Comercio Exterior, expresaron su malestar por la falta de consulta en la implementación de estas medidas. Según fuentes de la UIA, existe una gran incertidumbre sobre el alcance de los anuncios. Desde la mesa de conducción, se quejaron de la falta de tacto por parte de Massa. Las fábricas se quejan de que estas medidas se aplican retroactivamente a las importaciones pactadas anteriormente, generando costos sin cobertura cambiaria y provocando problemas en la cadena de pagos de los sectores afectados.
Se pronostica un mayor impacto en la inflación
Hay una preocupación en el Palacio de Hacienda por las amenazas de trasladar los nuevos costos a los precios. Según los industriales, aún no se conoce la normativa que aclara la excepción del Impuesto PAIS para los insumos y bienes intermedios directamente relacionados con los productos de la canasta básica alimentaria y los combustibles, lubricantes y bienes relacionados con la generación de energía. También criticaron la falta de exención para todos los productos bajo acuerdos de Precios Justos, lo que generará más presión sobre los costos y los precios. Según la UIA, también existe dificultad para eximir todas las materias primas, insumos y bienes intermedios asociados a los productos de la canasta básica.
Para los comerciantes, la situación es aún peor. Según un informe interno de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), estas medidas son cortoplacistas y no generarán una mejora sostenida en las reservas del Banco Central. Según el informe, el objetivo es evitar una devaluación significativa que complique aún más la situación económica y social del país de cara a las elecciones primarias. Sin embargo, se argumenta que estas medidas impactarán en los precios, sumándose a la subida del tipo de cambio en el mercado financiero y en el mercado informal. La CAC calificó estas medidas como una depreciación de la moneda y un desdoblamiento cambiario, ya que implica una devaluación encubierta y una mayor presión impositiva que limita la competitividad de un sector privado ya golpeado por la carga fiscal. Además, advirtió que el sector podría esperar un empeoramiento de la situación, lo que requeriría cubrirse con stock para no quedarse fuera del mercado en las próximas semanas, agravando así el problema de divisas del Banco Central. La CAC también hizo un llamado a medidas conjuntas y de fondo para frenar la escalada de precios, generar confianza en las autoridades y en el peso como moneda de cambio y ahorro.
Alerta de judicialización
Las grandes empresas y multinacionales con negocios en Argentina, agrupadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), acusaron al Gobierno de aumentar nuevamente la carga tributaria «con medidas que afectan la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos en las importaciones ya acordadas». Según ellos, esta decisión, que implica la creación discrecional de nuevos impuestos sin la participación del Congreso Nacional, genera una preocupación enorme en el mundo empresarial. Con esta advertencia, el círculo rojo deja abierta la posibilidad de recurrir a la justicia para impugnar estas medidas, así lo confesó una fuente empresarial.
El Foro de Convergencia Empresaria (FCE) también advirtió que el único autorizado para crear nuevos impuestos es el Congreso, específicamente a través de la discusión del presupuesto 2024. Además, afirmaron que el déficit fiscal generado por el aumento del gasto público en todos los niveles de gobierno, las pérdidas de las empresas estatales, los subsidios a la energía y el transporte, y el financiamiento de estas deudas mediante la emisión monetaria, ha llevado a una alta tasa de inflación que actúa como un impuesto adicional, especialmente para los sectores más vulnerables.
Las entidades del sector agropecuario también se unieron a las críticas. La Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR) exigió «poner fin a las distorsiones» al cuestionar el tipo de cambio diferencial de $340 para algunas exportaciones agrícolas. Los empresarios argumentaron que estas medidas debilitan el valor agregado en la cadena de producción de maíz y el desarrollo tecnológico, lo cual genera problemas en el abastecimiento y distorsiona el mercado tanto para las exportaciones como para la industrialización a nivel local. Además, expresaron su descontento ante la falta de reglas claras y una visión integral para el futuro del país.
Por otro lado, la Cámara Argentina de Feedlot manifestó su «total desacuerdo» y advirtió sobre el impacto de esta medida en la producción de carne y en los productores que ya han enfrentado diversos desafíos debido a las condiciones climáticas adversas y problemas macroeconómicos. También lamentaron que una vez más se intente abordar un problema de gestión macroeconómica mediante soluciones ineficaces y perjudiciales. La cámara destacó que es preocupante que el actual Ministro de Economía y candidato a Presidente de la Nación, Dr. Sergio T. Massa, desconozca los graves perjuicios que esta medida causa actualmente y causará en el futuro cercano para la producción primaria. Estas declaraciones fueron emitidas a través de un comunicado de prensa.