- Comenzó el juicio que determinará el monto a pagar por el Estado argentino por la expropiación del 51% de YPF en 2012.
- El rango establecido por ambas partes es de US$ 4.999 millones a US$ 16.100 millones.
- El monto a pagar dependerá de la tasa de interés que la jueza Preska determine, pudiendo ser entre 0% y 8%.
Después de ocho años de espera, este miércoles se inició el juicio, a cargo de la magistrada Loretta Preska, que determinará el monto a pagar por el gobierno argentino por la expropiación del 51% de YPF en 2012.
«Hoy comienza el juicio de tres días que determinará cuánto deberemos pagar todos los argentinos, ya que nuestro Congreso decidió expropiar YPF sin respetar su Estatuto. El rango ya ha sido establecido por ambas partes: entre US$ 4.999 millones y US$ 16.100 millones», afirmó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, a través de su cuenta de Twitter.
«¿Por qué es tan importante el juicio que comienza mañana? Porque de los USD 16.100 millones que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, USD 7.600 millones dependen de la tasa de interés que la jueza Preska decidirá: entre el 0% y el 8%», consideró Maril.
En marzo pasado, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, falló a favor del fondo Burford Capital, que en abril de 2015 adquirió los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen de Argentina.
Desde entonces, dos jueces se han hecho cargo del caso, Thomas Griesa (2015-2016) y Loretta Preska (2016-hasta la fecha).
Además, el caso ha pasado por 3 tribunales (NYSD, Segundo Circuito, SCOTUS) y ha tenido 5 fallos importantes (2016, 2018, 2019, 2020 y 2023).
También, Argentina presentó un certiorari, es decir, una solicitud de revisión de las decisiones de los tribunales inferiores, ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2019, pero la máxima corte rechazó analizar el caso.
El argumento del fallo de Preska fue que «los demandantes eran poseedores de valores de YPF en los momentos apropiados y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República» y que también merecían una «sentencia sumaria contra la República por incumplimiento de contrato».
Además, destacó que «la República prometió a los poseedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones».
En este escenario, el gobierno argentino deberá indemnizar a la compañía Burford Capital y estos días son cruciales ya que se determinará el monto a pagar.